ORDEN EN CASA
Nación En su primer mes, el nuevo Fiscal ha marcado diferencias claras con su antecesor, en las negociaciones con los narcos y las relaciones con Estados Unidos.
DURANTE SU ULTIMA SEmana como Fiscal General de la Nación, Gustavo de Greiff firmó una serie de actas en las que certificó que cinco de los más importantes hombres de la organización del cartel de Medellín, que hoy se encuentran detenidos en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel Modelo, en Bogotá, habían colaborado eficazmente con la justicia y que sus confesiones habían permitido esclarecer numerosos crímenes, magnicidios y actos terroristas. Los beneficiados con las certificaciones firmadas por De Greiff fueron Carlos Alzate Urquijo, alias 'Arete'; Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias 'Popeye'; Sergio Alfonso Ortiz, alias 'El Pájaro'; Gustavo Gutiérrez Arrubla, alias 'Maxwell' y José Fernando Posada Fierro, alias 'Chepe Nando'. Estos hombres fueron llevados a la oficina del Fiscal General entre el martes 16 y el miércoles 17 de agosto por la fiscal Cruz Helena Aguilar, quien tenía a su cargo esos procesos.
Cuando Alfonso Valdivieso se posesionó el pasado 18 de agosto como nuevo Fiscal, encontró que las certificaciones expedidas por De Greiff no eran otra cosa que un beneficio más de rebaja de penas. Tan pronto tuvo claro el contenido y alcance de esos documentos, ordeno una completa revisiónde los procesos de los cinco beneficiados, para determinar qué tan eficaz había sido su colaboración.
Unos días después la sorpresa que se llevó fue mayúscula: la colaboración por parte de estos procesados dejaba mucho qué desear y no tenía el sustento que De Greiff había avalado. Muchas de las delaciones eran contradictorias y en algunos casos lo único que habían hecho era desviar y entorpecer otros procesos. Debido a ello, Valdivieso integró una comisión de fiscales especiales con el fin de medir con precisión la validez de lo actuado.
Este trabajo, que todavía se adelanta, ya arrojó los primeros resultados. Uno de ellos tiene que ver con el caso del 'Arete', en el cual la Fiscalía detectó varias inconsistencias. 'Arete' asumió, en una extensa confesión, la autoría de 30 de los más espantosos crímenes del cartel, entre ellos la voladura del avión de Avianca. Algunos funcionarios de la Fiscalía creen que 'Arete' asumió esas responsabilidades porque como en la legislación colombiana las penas no se acumulan y en cambio sí lo hacen los beneficios por colaboración, llega un momento en que da lo mismo confesar 10 ó 20 crímenes. Estos esguinces tinterillescos se dan, obviamente, si la Fiscalía lo permite con una interpretación de las normas generosa con el acusado, que es exactamente lo que algunos funcionarios de la Fiscalía creen que sucedió en este caso. "De las actas queda claro que en el caso de Alzate no hay pruebas suficientes en el expediente que certifiquen una verdadera y eficaz colaboración", señaló a SEMANA una alta fuente de la Fiscalía.
Para Valdivieso, el problema mayor es que, incluso si se acepta la veracidad de las confesiones del 'Arete', el supuesto autor de la voladura del avión de Avianca y del edificio del DAS, actos terroristas con más de 300 muertos terminaría pagando -en virtud de lo hasta ahora negociado- una condena de tan solo ocho años. Por ello, el proceso ha quedado congelado y en revisión. Pero el Fiscal no se quedó ahí. El viernes pasado decidió separar del conocimiento de los procesos que se adelantan contra el ala terrorista del cartel de Medellín a la fiscal Aguilar, la misma que hace algunos meses originó un escándalo al permitir que a una diligencia con el 'Arete' ingresaran dos personas ajenas a la Fiscalía, que luego resultaron ser abogados del cartel de Cali que querían entrevistarse con Alzate para definir un tratado de paz entre los dos carteles que se celebró, como se recuerda, con una comilona de pollo.
NUEVOS VIENTOS
Con estas primeras medidas Valdivieso ha demostrado que su gestión está tomando distancia de la de su antecesor. Las diferencias son de fondo y de forma. El nuevo Fiscal ha optado por ser menos protagonista y por buscar siempre la coordinación y conciliación de la política criminal con el Ejecutivo, como lo demostró el viaje que hizo la semana pasada a Estados Unidos en compañía del ministro de Justicia Néstor H. Martínez. En escasas 48 horas en Washington, Valdivieso y Martínez lograron recuperar la credibilidad de las autoridades estadounidenses en las posibilidades de la política de sometimiento de Colombia.
La cita más importante la cumplieron con Janet Reno, la poderosa fiscal norteamericana que había chocado espadas con De Greiff, en un episodio ocurrido a principios de año que echó por la borda la colaboración y el intercambio de pruebas.
Esta vez, la reunión tuvo una tónica bien distinta. "Se restableció un clima de confianza porque las autoridades norteamericanas tenían en claro que no estoy en favor de la legalización y que creo firmemente que para poder enfrentar jurídicamente a los carteles es indispensable la cooperación judicial de Estados Unidos", señaló Valdivieso.
MANO DURA
El trabajo realizado por el Fiscal no se ha limitado al lobby en Estados Unidos. A nivel interno ya comenzó a meter la mano y lo ha hecho con firmeza. La semana pasada metió baza en el asunto de las certificaciones que fueron expedidas a tres miembros del cartel de Cali por parte de De Greiff en enero pasado. En esa oportunidad Elmer Buitrago, más conocido como 'Pacho Herrera', José Olmedo Ocampo y Juan Carlos Ramírez se presentaron en el despacho del Fiscal y amparados en principio en el artículo 369 E del Código de Procedimiento Penal, solicitaron que se les abriera investigación por cuanto había rumores sobre sus actividades ilícitas. De Greiif procedió a abrir la correspondiente indagación y les otorgó certificaciones que los protegían de una posible captura.
Como los términos comenzaron a correr y el próximo mes de febrero vence el plazo para establecer si realmente estas personas son procesables, Valdivieso decidió estudiar el asunto para evitar así que queden exonerados de modo definitivo presuntos narcotraficantes. "No podemos permitir -le dijo a SEMANA el nuevo Fiscal- que gane la impunidad. Desde febrero hasta la fecha, contra esas tres personas no se ha conseguido una sola prueba. Si no se modifica la decisión de De Greiff, en febrero próximo esas personas quedarían a paz y salvo con la justicia ".
La decisión consistirá en revocar las tres certificaciones expedidas por De Greiff en febrero de este año y ordenar una investigación preliminar, de tal manera que si en 180 días no se encuentran pruebas contra ellos, se proceda al archivo provisional de los expedientes y no a una exoneración definitiva.
Otra de las medidas que muestra el nuevo tono muscular de la Fiscalía es el traslado de cuatro procesos que se venían adelantando en Cali contra los , hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. La decisión obedece a que en Cali las investigaciones estaban virtualmente paralizadas y las decisiones adoptadas no eran las mejores.
Todos estos problemas parecen ser apenas la punta del iceberg de una cadena de irregularidades que ha comenzado a tocar fondo y que amenaza con aumentar la impunidad en los procesos que se adelantan por los más horrendos crímenes cometidos en la última década en el país. Por eso Valdivieso decidió coger el toro por los cuernos. Ojalá que todas estas propuestas no se queden en simples intenciones, porque la Fiscalía entró en cuidados intensivos.-
Cuando Alfonso Valdivieso se posesionó el pasado 18 de agosto como nuevo Fiscal, encontró que las certificaciones expedidas por De Greiff no eran otra cosa que un beneficio más de rebaja de penas. Tan pronto tuvo claro el contenido y alcance de esos documentos, ordeno una completa revisiónde los procesos de los cinco beneficiados, para determinar qué tan eficaz había sido su colaboración.
Unos días después la sorpresa que se llevó fue mayúscula: la colaboración por parte de estos procesados dejaba mucho qué desear y no tenía el sustento que De Greiff había avalado. Muchas de las delaciones eran contradictorias y en algunos casos lo único que habían hecho era desviar y entorpecer otros procesos. Debido a ello, Valdivieso integró una comisión de fiscales especiales con el fin de medir con precisión la validez de lo actuado.
Este trabajo, que todavía se adelanta, ya arrojó los primeros resultados. Uno de ellos tiene que ver con el caso del 'Arete', en el cual la Fiscalía detectó varias inconsistencias. 'Arete' asumió, en una extensa confesión, la autoría de 30 de los más espantosos crímenes del cartel, entre ellos la voladura del avión de Avianca. Algunos funcionarios de la Fiscalía creen que 'Arete' asumió esas responsabilidades porque como en la legislación colombiana las penas no se acumulan y en cambio sí lo hacen los beneficios por colaboración, llega un momento en que da lo mismo confesar 10 ó 20 crímenes. Estos esguinces tinterillescos se dan, obviamente, si la Fiscalía lo permite con una interpretación de las normas generosa con el acusado, que es exactamente lo que algunos funcionarios de la Fiscalía creen que sucedió en este caso. "De las actas queda claro que en el caso de Alzate no hay pruebas suficientes en el expediente que certifiquen una verdadera y eficaz colaboración", señaló a SEMANA una alta fuente de la Fiscalía.
Para Valdivieso, el problema mayor es que, incluso si se acepta la veracidad de las confesiones del 'Arete', el supuesto autor de la voladura del avión de Avianca y del edificio del DAS, actos terroristas con más de 300 muertos terminaría pagando -en virtud de lo hasta ahora negociado- una condena de tan solo ocho años. Por ello, el proceso ha quedado congelado y en revisión. Pero el Fiscal no se quedó ahí. El viernes pasado decidió separar del conocimiento de los procesos que se adelantan contra el ala terrorista del cartel de Medellín a la fiscal Aguilar, la misma que hace algunos meses originó un escándalo al permitir que a una diligencia con el 'Arete' ingresaran dos personas ajenas a la Fiscalía, que luego resultaron ser abogados del cartel de Cali que querían entrevistarse con Alzate para definir un tratado de paz entre los dos carteles que se celebró, como se recuerda, con una comilona de pollo.
NUEVOS VIENTOS
Con estas primeras medidas Valdivieso ha demostrado que su gestión está tomando distancia de la de su antecesor. Las diferencias son de fondo y de forma. El nuevo Fiscal ha optado por ser menos protagonista y por buscar siempre la coordinación y conciliación de la política criminal con el Ejecutivo, como lo demostró el viaje que hizo la semana pasada a Estados Unidos en compañía del ministro de Justicia Néstor H. Martínez. En escasas 48 horas en Washington, Valdivieso y Martínez lograron recuperar la credibilidad de las autoridades estadounidenses en las posibilidades de la política de sometimiento de Colombia.
La cita más importante la cumplieron con Janet Reno, la poderosa fiscal norteamericana que había chocado espadas con De Greiff, en un episodio ocurrido a principios de año que echó por la borda la colaboración y el intercambio de pruebas.
Esta vez, la reunión tuvo una tónica bien distinta. "Se restableció un clima de confianza porque las autoridades norteamericanas tenían en claro que no estoy en favor de la legalización y que creo firmemente que para poder enfrentar jurídicamente a los carteles es indispensable la cooperación judicial de Estados Unidos", señaló Valdivieso.
MANO DURA
El trabajo realizado por el Fiscal no se ha limitado al lobby en Estados Unidos. A nivel interno ya comenzó a meter la mano y lo ha hecho con firmeza. La semana pasada metió baza en el asunto de las certificaciones que fueron expedidas a tres miembros del cartel de Cali por parte de De Greiff en enero pasado. En esa oportunidad Elmer Buitrago, más conocido como 'Pacho Herrera', José Olmedo Ocampo y Juan Carlos Ramírez se presentaron en el despacho del Fiscal y amparados en principio en el artículo 369 E del Código de Procedimiento Penal, solicitaron que se les abriera investigación por cuanto había rumores sobre sus actividades ilícitas. De Greiif procedió a abrir la correspondiente indagación y les otorgó certificaciones que los protegían de una posible captura.
Como los términos comenzaron a correr y el próximo mes de febrero vence el plazo para establecer si realmente estas personas son procesables, Valdivieso decidió estudiar el asunto para evitar así que queden exonerados de modo definitivo presuntos narcotraficantes. "No podemos permitir -le dijo a SEMANA el nuevo Fiscal- que gane la impunidad. Desde febrero hasta la fecha, contra esas tres personas no se ha conseguido una sola prueba. Si no se modifica la decisión de De Greiff, en febrero próximo esas personas quedarían a paz y salvo con la justicia ".
La decisión consistirá en revocar las tres certificaciones expedidas por De Greiff en febrero de este año y ordenar una investigación preliminar, de tal manera que si en 180 días no se encuentran pruebas contra ellos, se proceda al archivo provisional de los expedientes y no a una exoneración definitiva.
Otra de las medidas que muestra el nuevo tono muscular de la Fiscalía es el traslado de cuatro procesos que se venían adelantando en Cali contra los , hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. La decisión obedece a que en Cali las investigaciones estaban virtualmente paralizadas y las decisiones adoptadas no eran las mejores.
Todos estos problemas parecen ser apenas la punta del iceberg de una cadena de irregularidades que ha comenzado a tocar fondo y que amenaza con aumentar la impunidad en los procesos que se adelantan por los más horrendos crímenes cometidos en la última década en el país. Por eso Valdivieso decidió coger el toro por los cuernos. Ojalá que todas estas propuestas no se queden en simples intenciones, porque la Fiscalía entró en cuidados intensivos.-
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